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¿Qué función tiene un fiscal?

Tras los últimos juicios mediáticos son muchos los que en conversaciones de café nos preguntan: ¿qué es y qué función tiene un Fiscal?

Un Fiscal no es un Juez como hemos escuchado alguna vez. Un Fiscal es un representante del Ministerio Público en un Tribunal. El Ministerio Público o Fiscalía General es una institución estatal que representa los intereses de la Comunidad a través, por ejemplo en materia penal, de la investigación de delitos y su posterior valoración jurídica.

Un Fiscal, en el ámbito penal, por lo tanto, es un funcionario público que defiende la Seguridad Pública además de perseguir la garantía formar de la contradicción. Lucha para investigar un delito y poder calificarlo, pero también lucha para que se haga dentro de la legalidad máxima y defendiendo los derechos y deberes de todas las partes (tanto defensa como acusación).

¿Qué quiere decir esto?

Que velará por el respeto de las garantías procesales de la partes, tanto del imputado, como de la víctima y/o perjudicados por el delito. Así pues, el Fiscal no se implica sólo en la búsqueda de los elementos de incriminación del sospechoso (típica serie televisiva americana), sino que busca averiguar el hecho en toda su extensión. Si de la investigación se desprenden motivos para inculpar, lo hará y calificará. Pero si no, solicitará la absolución o el archivo de la causa.

Además, el Fiscal, como parte en el procedimiento, tiene la función de ejercitar la acción penal en los delitos públicos y, si existe denuncia, en los delitos semipúblicos.

El artículo 3 del Estatuto de Ministerio Fiscal define en dieciséis apartados las funciones del Ministerio Fiscal. Queremos destacar las siguientes:
  • Velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes.
  • Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales.
  • Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa.
  • Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda.
  • Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que procedan y la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos o instruyendo directamente el procedimiento, pudiendo ordenar a la Policía Judicial aquellas diligencias que estime oportunas.
  • Tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la Ley.

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